Es la mujer del piloto del avión que cayó en Fray Bentos en 1997. Presentó muestras de lavado de dinero y desvío de fondos al Estado español.
La viuda del piloto del avión de Austral que cayó en Fray Bentos, Uruguay, en 1997, denunció por asociación ilícita y lavado de dinero contra el Estado argentino, entre otros delitos, a los dueños españoles y locales de la etapa privada de Aerolíneas Argentinas.
La denuncia alcanza al empresario Antonio Mata Ramayo; al titular del estudio de abogados Fargosi, Horacio Pedro Fargosi; a los representantes de la SEPI y de otros organismos estatales españoles que intervinieron en la operación y a la última propietaria antes de la reestatización, que demandó al Estado argentino ante el CIADI por 1.500 millones de dólares.
María Elena Blanco Seco, viuda del comandante Rodolfo Cécere -piloto del vuelo 2553 que cayó en cercanías de Fray Bentos el 10 de octubre de 1997, causando la muerte de 74 personas- denunció a Fargosi, a sus abogados y a los directivos españoles Manuel Morán Casero, Mata Ramayo, Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Arias, Juan Gutiérrez, Juan Masso Garolera, Javier Monzón, Xavier de Irala Estévez y Pedro Ferreras Diez.
A todos les imputó las figuras de "asociación ilícita, administración fraudulenta, lavado de dinero, prevaricato, estafa procesal en perjuicio del Estado Argentino desde el momento previo a la privatización de Aerolíneas Argentinas y la adquisición de Austral por parte de ésta".
En un extenso escrito de 30 páginas, la viuda de Cécere describió una compleja trama de traspasos de las empresas de mano en mano y prácticas rayanas en el vaciamiento que, según su conclusión, tenía como uno de sus destinos el "financiamiento espurio de la política del Reino de España con dinero proveniente de las arcas de nuestro pueblo".
"Desde los años previos a la privatización de Aerolíneas Argentinas a manos del Estado Español, a través de Iberia, empresa estatal controlada por el Instituto Nacional de Industrias (I.N.I.), luego TENEO, al momento del siniestro por la sociedad estatal SEPI y más tarde por el Grupo Marsans, quien la administró hasta la reestatización, había un denominador común", describe la denuncia.
"En todas las integraciones sociales, ya sea como síndico, director, asesor o presidente de las empresas del grupo, ese denominador común tiene nombre y apellido: Horacio Pedro Fargosi", añadió la viuda.
"Fargosi es el cerebro de toda la maniobra que derivó no sólo en la gigantesca estafa al pueblo argentino sino que produjo la desesperante muerte tanto de la azafata Lilian Noemí Almada (cayó de un avión en vuelo por una puerta de la aeronave en Córdoba)como de mi esposo y de todos los ocupantes de uno de los aviones de descarte adquiridos a España a precios exorbitantes, cuyo objetivo -lavar dinero- no es posible descartar sin una profunda investigación", sostiene la denuncia.
En su etapa privada a manos españolas, Aerolíneas estuvo bajo el control de la empresa Interinvest S.A., cuyo domicilio legal "se constituyó en la calle Tucumán 141, Piso 1?, el mismo
domicilio en el que Fargosi tiene constituido el estudio jurídico del cual es titular", sostiene la presentación.
La descripción avanza hasta detectar que Fargosi tuvo participación en todas las instancias de la operación: SEPI, Iberia, Aerolíneas Argentinas, Austral, Interinvest, Marsans, Andes Holding y Air Comet (otras de las empresas que participaron del proceso) y finalmente la presentación ante el CIADI.
Parte de ese proceso, según la denuncia, quedó reflejado "en las versiones taquigráficas de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación donde se trató precisamente la adquisición de aeronaves antiguas -aviones CASA y DC 9 32- por parte de Austral a Iberia, uno de ellos la aeronave siniestrada el 10 de octubre de 1997".
"Esa trama de complicidades le había costado la vida a mi difunto esposo y a los demás tripulantes y pasajeros de la vetusta aeronave comprada en ese marco defraudatorio que incluía el financiamiento espurio de la política del Reino de España con dinero proveniente de las arcas de nuestro pueblo", insistió la viuda de Cécere.
"Mi marido murió por la ecuación económica, los aviones de descarte que hacen a la cuestión económica, a la avaricia y al vaciamiento del grupo de las empresas controladas por el reino de España", añadió.
"Robaron, estafaron, mataron y encima tienen el tupé de presentarse ante el CIADI pidiendo que el pueblo argentino desembolse sumas siderales para que se los indemnice", se quejó la denunciante.
La causa quedó radicada ante el juzgado federal número uno, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Federico Delgado, bajo el número 10.533/10, y está caratulada "Instituto Nacional de Industria de España y otros s/asociación ilícita".
Fuente:http://www.losandes.com.ar
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